Por José Luis Valenzuela
Existe un indicador llamado Global Peace Index (Indicador de la Paz Global), publicado anualmente por el Instituto para la Economía y la Paz (Institute for Economics & Peace), que está dedicado a desarrollar métricas para analizar la paz y cuantificar sus beneficios económicos.
El indicador se formula a partir del análisis de tres dominios diferentes:
Conflicto nacional e internacional en curso, investiga hasta qué punto los países están involucrados en conflictos internos y externos, así como su papel y la duración de la participación en los conflictos.
Nivel de armonía o discordia dentro de una nación; diez indicadores evalúan ampliamente lo que podría describirse como seguridad y protección de la sociedad.
Militarización del país: que refleja el vínculo entre el nivel de acumulación militar de un país y el acceso a las armas, y su nivel de paz.
La última publicación, Global Peace Index 2019, situó a Chile como el país más pacífico de la región latinoamericana, ubicándolo en la posición 27 entre los 163 países analizados. La calificación por dominio fue la siguiente:
Conflicto nacional e internacional en curso: 1.000 (la mejor del mundo, junto a Botsuana, Mauricio y Uruguay). Posición mundial 1º; posición latinoamericana 1º
Nivel de armonía o discordia dentro de una nación: 2.111 Posición mundial 44; Posición latinoamericana 1 (seguido por Costa Rica en la posición 47 y Uruguay en posición 58).
Militarización del país: 1,697. Posición mundial 59; Posición latinoamericana 9 (superado por Panamá, Cuba, Haití, Uruguay, Costa Rica, Rep. Dominicana, Nicaragua y Jamaica).
Así, en el dominio de conflicto nacional, Chile es uno de los países más pacíficos del mundo. Sin embargo, a tres meses de la fecha de publicación del informe, en octubre 2019 estalla el conflicto social con una violencia no vista en el país desde el golpe de Estado de septiembre 1973 y la larga dictadura militar que gobernaría en los siguientes 16 años.
Gatillado en lo inmediato por un alza de 5% en el pasaje del transporte, se agrava por las desafortunadas declaraciones de altos funcionarios del gobierno. Entre ellas sobresalen las del ministro de economía (levántese más temprano y aproveche la tarifa reducida del transporte … a las 6AM), del ministro de hacienda (compre flores porque bajaron de precio), de la ministra de transportes (no fue el gobierno, fueron los algoritmos quienes subieron el precio del transporte), y del ministro de salud (por una marcha no vamos a modificar el proyecto).
El Presidente agregaría lo suyo al plantear que “estamos en guerra”.
Efectivamente, Chile era un país pacífico, pero la tensión acumulada por dos siglos de desigualdad multisistémica. estaba a punto de estallar, situación no captada por los parámetros considerados en el informe Global Peace. En efecto, entre los 33 países de América Latina y El Caribe considerados, los tres países de mayor crecimiento entre 1990 y 2018 fueron República Dominicana (191%), Panamá (189,3%) y Chile (171,6%), valores muy altos si se comparan con el crecimiento económico medio de América Latina y El Caribe (43,6%).
Si todo lo que importara fuera el tamaño del bolsillo, este continente podría dividir a sus países como sigue:
Países muy felices (crecimiento superior a 150%): Rep. Dominicana, Panamá, Chile y Guyana.
Países felices (crecimiento entre 100% y 150%): Perú, Trinidad y Tobago, Uruguay y Costa Rica.
Países conformes (crecimiento entre 50% y 100%): Granada, san Vicente y Granadinas, El Salvador, Bolivia, Colombia, San Cristóbal y Nieves, Nicaragua, Argentina, Cuba, Belice y Paraguay.
Países disconformes (crecimiento entre 0% y 50%): Honduras, Guatemala, Dominica, Eduador, Brasil, México, Santa Lucía, Surinam, Barbados y Jamaica
Países furiosos (crecimiento negativo): Bahamas, Haití y Venezuela
La desigualdad es el parámetro donde Chile muestra su peor desempeño, quedando incluso por debajo del progreso medio de los países latinoamericanos. La causa del lento progresar de la lucha contra la desigualdad en la distribución del ingreso queda manifiesta cuando se analiza el ingreso por deciles.
En el caso de Chile, se toma solamente un 3,6% de la participación en el ingreso de los más ricos para mejorar la participación del 70% más pobre. Uruguay toma un 16,9% para mejorar la participación del 80% más pobre, mientras Bolivia toma un 26,8% para mejorar también la situación del 80% más pobre.Al combinar la información del Producto Geográfico Bruto con la participación por deciles es posible determinar la variación absoluta del ingreso medio en cada decil.
Así, comparando el incremento del ingreso per capita por decil en Chile, Uruguay y Bolivia, período 2007-2017, en Chile el incremento del ingreso medio del decil más rico ha sido 8,9 veces el incremento en el decil más pobre, dicha relación baja a 3,6 veces en Uruguay y se da vuelta en el caso de Bolivia, país en el cual el incremento del ingreso del decil más pobre duplica la cifra correspondiente al decil más rico.
En términos absolutos, el decil más pobre de Uruguay aumenta sus ingresos en mayor cantidad que el decil más pobre de Chile (US$ 1.887 versus US$ 1.143), mientras que para el decil más rico la situación es la inversa (US$ 6.858 versus US$ 10.202).
En el caso de Bolivia, las cifras de incremento son muy modestas, debido al pequeño tamaño de su economía y la enorme desigualdad del ingreso en el año inicial de la comparación (2007). En efecto, el decil más pobre de Bolivia recibía solamente el 0,4% del PGB en 2007, porcentaje que se incrementa al 0,9% en 2017. En los casos de Chile (1,7% y 2,1%) y Uruguay (1,7% y 2,5%) respectivamente, el ingreso nacional medio es muy superior al de Bolivia en todo el período. Sin embargo, Bolivia consigue que el ingreso de los más pobres se incremente, en términos absoluto, más rápido que el ingreso de los más ricos.
Extendiendo la comparación
Si se compara a Chile con los países OCDE, la situación de la desigualdad se evidencia con mayor fuerza: “Mientras en el promedio de los países OCDE, el 10% más rico gana 9 veces lo que gana el decil más pobre de la población, en nuestro país esa cifra se triplica: el 10% más rico de la población gana 27 veces el sueldo del decil de menores ingresos”. (EMOL, 2011).
En conclusión, es evidente que el crecimiento económico de Chile le ha permitido disminuir fuertemente la pobreza, mientras la evolución de la desigualdad del ingreso muestra que la sociedad chilena no avanza en mitigar las tensiones internas, producto natural, ni siquiera en relación a su vecindario, considerando en la comparación la evolución de países ricos como Uruguay y países pobres como Bolivia. El ingreso medio del decil más rico, US$ 55.354, es superior al ingreso medio de muchos países europeos, mientras el ingreso medio del decil más pobre, US$ 3.142, es similar al ingreso medio de Guatemala o El Salvador (cifras del año 2017). De hecho, el caso de Chile muestra una anomalía adicional, puesto que el ingreso de su decil 9 (-4,5%) cae más en términos porcentuales que el ingreso del decil 10 (-3,6%), mostrando un aumento de la desigualdad incluso entre las capas superiores de ingreso.
Naturalmente, si se extiende este análisis a la desigualdad en la tenencia de riqueza, se lograría demostrar que esta se concentra aún más rápidamente que lo mostrado para el caso del ingreso. “Según el informe de "Panorama Social en América Latina de 2018", dado a conocer por la Cepal a principios de este año, en 2017 el 50% de los hogares de menores ingresos accedió al 2,1% de la riqueza neta del país, mientras el 10% de los más adinerados concentró el 66,5%.” (EMOL, 2019). En el tope de la pirámide, el 1% más rico tiene más de 12 veces la riqueza del 50% más desfavorecido. El informe de CEPAL compara el índice GINI de ingresos (0,45 en 2017) con el índice GINI en riqueza (0,72 en 2017).
El análisis conceptual
La desigualdad económica, vista como detonador del malestar social, se incrementa cuando el diario vivir de las personas evidencia un maltrato permanente del sistema y, en particular, un desprecio desde los poderes del Estado.
Es lo que vivieron los chilenos cuando los ministros de gobierno les aconsejaban viajar a las 6 AM, comprar flores o ir a reclamarle a un algoritmo, situaciones todas que se agregaban a la agresión continua del sistema económico, evidenciada en la colusión de las farmacias, la colusión del papel confort, los fraudes millonarios en carabineros y el ejército, la desigualdad en el acceso a pensiones (especialmente entre las fuerzas armadas y la sociedad civil), la tensión entre la necesidad de preservar los equilibrios macroeconómicos que arguye el gobierno y la realidad de la deficitaria microeconomía personal. Esta tensión no resuelta se traducía día a día en el sobreendeudamiento, con una tasa de morosidad que supera el 50% de las personas asalariadas.
Tal como cada chileno sabe que al jubilar experimentará una brusca caída de su nivel de vida, sabe también que al enfermarse debe elegir entre arruinar a la familia para pagar un tratamiento o resignarse a esperar años para ser operado en el servicio público de salud (todos los gobiernos han fracasado en el intento de disminuir las listas de espera).
En los últimos cincuenta años, todos los gobernantes han prometido que en unos 20 años Chile será un país desarrollado, el primer país desarrollado de América Latina. La promesa del actual presidente Sebastián Piñera al asumir su mandato fue “crear empleo, elevar los salarios y transformar a Chile en un país desarrollado”. Así, “se comprometió hoy a poner en marcha una intensa agenda de reformas para generar un crecimiento que haga de Chile un país desarrollado "en doce años" (La Vanguardia, 2018). El ministro Nicolás Eyzaguirre, en los últimos días del segundo gobierno de Michelle Bachelet decía que “este gobierno, aunque les pese a muchos, aunque saquen las cuentas del almacén de cuánto fue el ingreso per cápita, acercó a la sociedad chilena estructuralmente a ser un país desarrollado” (La Tercera, 2018. Antes el dictador Augusto Pinochet había prometido que “hacia 1985 o 1986, cada trabajador chileno va a tener casa, auto y televisor. No va a tener un Rolls Royce, pero tendrá una Citroneta del ’75» declaró en 1979 a radio Chilena.
En otro plano, el programa de gobierno de Ricardo Lagos (presidente de Chile 2000-2006) planteaba con energía que “¡Debemos terminar con las desigualdades antes que ellas terminen por debilitar a la familia, a la comunidad y a la nación chilena!”.
No se terminó con las desigualdades y se acabó con la paciencia de las familias, la comunidad y la nación chilena.
Pero, ¿es la paciencia lo que se agotó?. Mario Vargas Llosa plantea que “Chile ya casi ha dejado de ser un país subdesarrollado” y agrega que este país ha logrado “un progreso de verdad, no sólo económico, sino al mismo tiempo político y social”.
El autor se pregunta y se responde: ¿A qué comparar la explosión chilena, entonces? Al movimiento de los chalecos amarillos francés, más bien, y al gran malestar que hay en Europa denunciando que la globalización haya aumentado las diferencias entre pobres y ricos de manera vertiginosa y pidiendo una acción del Estado que la frene. Es una movilización de clases medias, como la que agita a buena parte de Europa, y tiene poco o nada que ver con los estallidos latinoamericanos de quienes se sienten excluidos del sistema.
Así, para Vargas Llosa lo que ha fallado es la movilidad social, la que “existe en Chile, pero no de manera tan efectiva como para frenar la impaciencia, perfectamente comprensible, de quienes han pasado a formar parte de las clases medias y aspiran a progresar más y más gracias a sus esfuerzos”.
(Montes, R., 2019) cita al historiador Iván Jaksic: “Hay un desprestigio de la política y el malestar adquiere formas cada vez más preocupantes (...). Atravesamos una situación en la que conviven el triunfalismo del discurso económico con la decepción de quienes no ven sus beneficios, y en donde las expectativas son crecientes”. Cita también al doctor en ciencia política Daniel Mansuy: “Esta crisis se ha prolongado tanto porque la clase dirigente, en general, y la política, en particular, no han sabido articular ni contener ni dar una dirección a ese malestar”.
(Montes, R., 2019) cree que el origen está en “una sociedad que demanda bienes y servicios públicos al alcance de todos … el divorcio entre los chilenos y quienes supuestamente los representan”. Finalmente incluye una cita al Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD), 2016, que planteó que “el descontento de la ciudadanía con el funcionamiento del sistema político y sus instituciones ha sido paulatino más que repentino”, y comparó datos de los años 2008 y 2016, los que mostraban “quienes no se identifican ni con la izquierda, ni el centro, ni la derecha pasaron de ser un 34% a un 68%. Quienes no se sienten representados con ningún partido político, de un 53% a un 83%.
Sin embargo, la visión del Gran Maestro de la Gran Logia de Chile, Sebastián Jans Pérez es diferente, y plantea que la dignificación es "la demanda más fuerte que uno advierte del movimiento social".
Para (Gomá, J., 2019), “la dignidad es el concepto más revolucionario del siglo XX, dotado de tal fuerza transformadora que su mera invocación … ha servido para remover pesados obstáculos que frenaban el progreso moral de la humanidad …” (p. 17). Este autor plantea que “también podría definirse la dignidad como lo que estorba. Estorba a la comisión de iniquidades y vilezas, por supuesto, pero más interesante aún es que a veces estorba también el desarrollo de justas causas, como el progreso material y técnico, la rentabilidad económica y social, o la utilidad pública”.
Y he aquí que las piezas encajan en el complejo puzle chileno. Tras muchos años de un buen crecimiento económico los llamados equilibrios macroeconómicos se convirtieron en una herramienta para la justificación de un crecimiento inequitativo. La conveniencia de atraer inversión externa llevó a establecer contratos inequitativos cuyos efectos se fueron sintiendo de manera creciente en el diario vivir ciudadano.
Las promesas de un cercano edén personificadas en alcanzar el desarrollo se fueron postergando, mientras la ortodoxia creaba un mundo interno de creciente desigualdad. Las jubilaciones de un sistema ortodoxo eran crecientemente insuficientes para llevar una vida no acomodada, sino decente; los salarios se mantenían bajos aludiendo a las reglas del mercado y el necesario equilibrio fiscal; el “dejar hacer” llevaba a la codicia a su máxima expresión, y las grandes empresas estafaban a la gente; la “justicia” protegía el crimen de los poderosos y castigaba con dureza el crimen de necesidad, en un caso con clases de ética o devolución de 10 dólares a cada ciudadano mayor de edad, y en el otro con cárceles de duras condiciones.
El ciudadano, indefenso en su diario vivir, sentía su dignidad cada vez más deformada por la sucesión de atropellos, y en ese escenario bastaba una chispa para encender la reseca dignidad de los chilenos.
Y llegaron dos grandes chispas, la primera encarnada en el incremento de la tarifa del transporte de Santiago, y la segunda protagonizada por las burlas de los altísimos funcionarios del gobierno hacia las personas del día a día. (Gomá, J., 2019) nos señala que “el asco ante la indignidad indica a la humanidad el camino de su progreso moral”.
En opinión de este autor, el ajuste inicial al modelo tiene necesariamente que doler al modelo ortodoxo aplicado hasta la fecha. El gobierno ofreció un paquete inicial de medidas cuyo costo anual alcanza a 1.200 millones de dólares. La solución al estallido social comienza con un paquete de medidas cuyo costo esté en el orden de los 20.000 millones de dólares, el cual está amarrado de manera indisoluble con la redacción de una nueva constitución generada en un proceso de consulta ciudadana universal, que contemple cabildos ciudadanos a lo largo y ancho del país, orientados por personas ajenas al mundo político, especialmente pertenecientes a la academia, el profesorado, las organizaciones no gubernamentales, y los dirigentes vecinales.
Este proceso, down-top, determinaría tres opciones de modelo socio-económico, las que deben ser sometidas a plebiscito para determinar finalmente el modelo mayoritario por el que optan los chilenos. Finalmente, el modelo más votado se plasma en una constitución redactada por un amplio grupo de abogados constitucionalistas y vigilantes de la voluntad popular, y es sometido a un plebiscito de aprobación o rechazo.
En un proceso como el planteado será conveniente la utilización de herramientas tecnológicas como las del sitio chilecracia.org.
Es un proceso que requiere la vuelta del poder a la base ciudadana, en el cual debemos confiar. Los paternalismos y los grupos de interés deben quedar olvidados en el desván de la historia.
Nuevo modelo, nueva constitución y la emergencia de una nueva clase política. El pueblo sabrá combinar sus demandas con la disposición generosa a entregar su mayor esfuerzo en la construcción de un Chile nuevo.
José Luis Valenzuela es ingeniero civil químico de la (Universidad de Chile), Máster en Dirección Estratégica y Gestión de la Innovación (Universidad Autónoma de Barcelona), máster en Cultura, Economía y Sociedad China (Universidad de Alcalá, España) doctor en Estudios Americanos (Universidad de Santiago de Chile) y pos-doctor en Relaciones Internacionales (Universidad Estadual Paulista, Brasil).
En los últimos años su investigación como académico independiente se ha centrado en la revolución científico-tecnológica en desarrollo y sus consecuencias para la sociedad global y, en especial, para América Latina y los países rezagados.